Aspectos Generales

Se trata de un procedimiento en el que un Estado (denominado requirente), solicita a otro Estado (denominado requerido), que ponga a su disposición a un presunto delincuente, ya sea para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de condena.

Tipos de extradición

Podemos diferenciar dos tipos, la activa y la pasiva.
La extradición activa es aquella considerada desde la perspectiva de un Estado requirente, en la que un Juez o Tribunal competente que conoce de un procedimiento judicial penal solicita la extradición de un investigado o condenado. Cuando la extradición es solicitada por un órgano español el procedimiento está regulado en la ley de Enjuiciamiento Criminal. La extradición puede solicitarse únicamente en tres supuestos: cuando se trata de un ciudadano español que ha delinquido en España y se ha refugiado en país extranjero, cuando un español ha atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del España y se hubiese refugiado en país distinto del que ha delinquido y en los casos en que un extranjero debe ser juzgado en España y se ha refugiado en un país del que no es nacional.

La extradición pasiva por el contrario es aquella en la que un Estado es requerido para extraditar a un sujeto y un Juez o Tribunal debe decidir si procede acceder o no a la solicitud. En España, la extradición pasiva es regulada por la Ley 4/1985. Para que proceda, se exige que se trate de hechos para los que las leyes españolas y las del Estado requirente señalen una pena o medida de privación de libertad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad o de cuatro meses de privación de libertad si se trata del cumplimiento de una condena o medida de seguridad.

Fuentes jurídicas de la extradición

Nuestra Constitución dispone en el artículo 13.3 que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de la reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos politícos, no considerándose como tales los delitos de terrorismo.

De lo expuesto se desprende que la fuente prevalente en materia de extradición viene constituida por los tratados y, en su defecto, por la ley. Es importante tener en cuenta que en la determinación del régimen jurídico concurren normas supranacionales (tratados internacionales), tratados bilaterales suscritos entre España y otros países, y normas de Derecho interno. En relación a las fuentes de carácter internacional de la extradición, las más características son las siguientes:

– Convenio Europeo de Extradición, de 13 de diciembre de 1957, ratificado por España el 21 de abril de 1982.
– Convenio Europeo para la represión del terrorismo, de 27 de enero de 1977 (ratificado por España el 9 de mayo de 1980).
– Convenio de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983, sobre traslado de personas condenadas, ratificado por España el 10 de junio del mismo año y publicado en el BOE el día 19 de julio de 1985.
– Tratados bilaterales suscritos por España y que estén en vigor, los cuales son de aplicación preferente.
– Convenio de 17 de septiembre de 1996, en ejecución del artículo k-3 del Tratado de la Unión Europea.
– Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 10 de marzo de 1995. Y en relación con ella la Decisión 2003/169/JAI del Consejo, de 17 de febrero de 2003, por la que se determinan las disposiciones del Convenio de 1995, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que constituyen un desarrollo del acervo de Schengen con arreglo al Acuerdo sobre la asociación de la República de Islandia y del Reino de Noruega a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen.
En defecto de Tratado internacional aplicable, se aplicarán las fuentes de carácter interno, es decir, la Ley de Extradición Pasiva 4/1985, de 21 de marzo. En cuanto a la extradición activa, la misma ha sido regulada por los artículos 824 al 833 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

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